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Esto puede suceder si la persona es un ciudadano del país donde se encuentra o si el delito por el que se le solicita la extradición no está considerado como delito en dicho país.

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Esto puede estar relacionado con el temor de que el acusado sea sometido a persecuciones injustas o a condiciones de encarcelamiento inhumanas en el país solicitante.

Estas alternativas pueden ayudar a superar los desafíos que plantea la falta de acuerdo de extradición y permitir que los países cooperen en la lucha contra el crimen transnacional.

es un proceso lawful mediante el cual un país entrega a una persona acusada o condenada por un delito a otro país que lo solicita.

Chile no tiene tratado de extradición con Australia. Esto significa que los dos países no tienen un acuerdo oficial en el cual se comprometan a entregar a personas acusadas o condenadas por delitos graves a la jurisdicción del otro país.

Además, Cuba ha sido criticada por las organizaciones de derechos humanos por la falta de independencia del sistema judicial y la falta de libertades civiles. Por lo tanto, es poco probable que entregue a un ciudadano cubano buscado por las autoridades españolas.

Cuando un país no tiene un acuerdo de extradición con España, puede convertirse en un check over here obstáculo para la justicia en casos en los que se requiere la entrega de un fugitivo para ser juzgado o cumplir una condena.

Para que un ciudadano extranjero sea extraditado a For everyú, el delito por el que se le acusa debe estar contemplado en el tratado navigate here de extradición con el país correspondiente y debe ser considerado un delito grave en ambos países.

La extradición es un proceso lawful mediante el cual se solicita la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en un país, para que sea juzgada o navigate here cumpla su condena en otro país.

En el mundo existen varios países que no tienen tratados de extradición con España, lo que los convierte en posibles destinos de refugio para aquellos fugitivos que buscan evitar ser entregados a la justicia española.

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Cada Estado tiene la potestad de instituir sus normas relativas a la extradición, por lo que puede permitirla, prohibirla o flexibilizarla en lo que respecta a sus nacionales o a los extranjeros que residan o estén de paso en su territorio. Tal y como recoge el bufete de abogados de Jesús Becerra, los tratados firmados con otros países aluden tanto a sí mismos como a las leyes de los Estados involucrados en el proceso de extradición (solicitante y solicitado) como marco regulador, para poder establecer una división de competencias entre normas internacionales y normas internas.